Legislación – Reforma laboral

La reforma laboral y su implementación: ¿Grupos Negociadores a la deriva?

La reforma promovida por el gobierno para modernizar el sistema de relaciones laborales (Boletín 9835-13) buscaba entregar la titularidad de la negociación colectiva en exclusiva a los sindicatos. La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 9 de mayo de 2016 (Rol N° 3016(3026)-16) derribó este objetivo, al reconocer la titularidad del derecho para negociar colectivamente a todos y cada uno de los trabajadores, es decir, como un derecho de ejercicio individual y no a partir de la organización sindical a que pertenecen, entendiendo que solo de esa forma se respeta el mencionado derecho, así como el derecho de asociarse sin permiso previo y la libertad de afiliación sindical, sobre la base del artículo 19 números 16, 15 y 19 de la Constitución Política de la República.

Con ello, se reconoció el derecho de los trabajadores para negociar colectivamente, representados por una organización sindical o bien directamente como grupo negociador, también llamado “trabajadores interesados” en la terminología de la OIT.

Es así como importantes disposiciones del Código del Trabajo han debido reconocer al grupo negociador, como cuando define al contrato colectivo como “el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente” (art. 6);  cuando alude a la negociación colectiva como “el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto” (art. 303); y al referirse al instrumento colectivo como “la convención celebrada entre empleadores y trabajadores” pura y simplemente (art. 320).

Sin embargo, el veto presidencial de fecha 7 de mayo de 2016 no introdujo adecuaciones en las reglas del procedimiento de negociación colectiva que permitieran entender de manera explícita que en ellas se comprende al grupo negociador.

Por ejemplo, en materia de fueros, derecho a información, inicio de la negociación colectiva reglada y presentación del proyecto de contrato colectivo, comisión negociadora, oportunidad de presentación del proyecto, respuesta del empleador, impugnaciones y reclamaciones, derecho a suscripción del piso de la negociación, votación de la huelga, servicios mínimos y equipos de emergencia, por mencionar los institutos más relevantes del procedimiento de negociación colectiva de aplicación general.

No conocemos explicaciones oficiales del Gobierno sobre esta lamentable omisión de los grupos negociadores; sí nos hace recordar la costumbre de los egipcios, que eran dados a borrar registros de personas o acontecimientos que no eran de su gusto.

Como quiera que haya sido, la ausencia de reglas procedimentales no hará desaparecer a los grupos de trabajadores, que seguirán existiendo, y los operadores del sistema laboral enfrentarán enormes problemas ante la falta de estas reglas si no se ofrecen pronto criterios orientadores.

Cabe recordar que por mandato constitucional, deben establecerse por ley las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica; al no existir normas claras en materia de grupos negociadores, particularmente en lo relacionado con el procedimiento que habrán de seguir para negociar colectivamente, nos parece que la Dirección del Trabajo, los Jueces del Trabajo y los operadores jurídicos en general, han de recurrir a las reglas y principios generales del ordenamiento jurídico.

Dentro de ellos, están las reglas de interpretación de la ley contenidas en el Código Civil, según las cuales el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (art. 22). En lo relacionado con las razones para haber dejado sin reglas de procedimiento a la negociación colectiva del grupo negociador, el mismo código indica que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación; la extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes (art. 23).

Por otra parte, la reforma laboral ha establecido un procedimiento general de negociación colectiva, contenido entre sus artículos 327 a 363 del Código del Trabajo; también hay otros procedimientos especiales, como es el caso de la negociación de los sindicatos interempresa, la de los trabajadores eventuales, de temporada y de obra o faena transitoria y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. En ausencia de reglas particulares para el grupo negociador, y ante el imperativo constitucional de contar con ellas, estimamos que debe ser el procedimiento de aplicación general el que conduzca las negociaciones de estos grupos.

Lo que proponemos es concordante con lo que la Dirección del Trabajo ha señalado a propósito del sentido y alcance de esta reforma (Ord. 5781/93 de 2016), al expresar que el artículo 305 del Código del Trabajo constituye una norma de excepción que inhabilita a determinados trabajadores para ejercer el derecho a negociar colectivamente, “razón por la cual dicho precepto debe ser interpretado en forma restringida”, de lo que se sigue que no estando expresamente excluidos los trabajadores interesados o grupo negociador, deben quedar comprendidos.

Nos violenta cierta idea de algunos técnicos y otros no tan técnicos, en el sentido de no admitir la negociación colectiva en los grupos negociadores, basados en que no contarían con un procedimiento de negociación que los refiera de un modo expreso. Esta idea no solo representa un nuevo frente de inconstitucionalidad, sino que desconoce los lineamientos de la OIT sobre la materia.

En efecto, la OIT reconoce ampliamente la existencia de “trabajadores interesados” no afiliados a un sindicato a los efectos de negociar colectivamente. En el Convenio 154 sobre la negociación colectiva, de 1981, se expresa que la existencia de grupos de trabajadores no debe utilizarse en menoscabo de la posición de las organizaciones sindicales. La Recomendación Nº91 de 1951, señala que el contratos colectivo es “todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional”. Y la Recomendación Nº163 sobre la negociación colectiva, de 1981, reconoce el derecho de los trabajadores a designar sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

En suma, para la OIT sí existen y actúan efectivamente en las relaciones colectivas, los llamados trabajadores interesados y que para nosotros se corresponden con la figura del grupo negociador. Si bien los instrumentos que se citan no son vinculantes jurídicamente para Chile, si constituyen orientaciones en la materia que nos ocupa.

Ciertamente podrán darse distorsiones, no solo en la actuación de los trabajadores interesados o grupos negociadores, sino en materia de negociación colectiva en general, las que podrán denunciarse a través de las prácticas antisindicales y desleales, tal como se ha hecho hasta hoy.

Más allá de las razones técnicas que indicamos, la idea de negar la negociación colectiva a los trabajadores organizados como un grupo entra en contradicción con la finalidad declarada por la misma reforma en cuestión, en cuanto buscó promocionar este derecho; negar el acceso a negociar por no tener un procedimiento aplicable, margina de la negociación a un gran número de trabajadores que por desinterés, por decisión personal o por la razón que fuere, ha decidido no afiliarse a un sindicato.

Las cifras son claras: de acuerdo a información disponible en la Dirección del Trabajo, en el año 2013 el 21% de los instrumentos colectivos que se firmaron fueron acordados con grupos negociadores y favorecieron al 11,5% de trabajadores que negociaron colectivamente; los grupos firmaron 586 instrumentos, que beneficiaron a 36.830 trabajadores involucrados.

Creemos que aun en ausencia de normas de rango legal que regulen un procedimiento aplicable a los trabajadores unidos como grupo para negociar colectivamente, es imperioso atender el mandato constitucional de reconocerles este derecho fundamental, lo que tocará a las instituciones del Estado resolver a través de las herramientas que el ordenamiento jurídico ofrece. No hacerlo significará incurrir en un nuevo vicio de inconstitucionalidad, esta vez por omisión.

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